Gary S. Becker, premio Nobel de Economía recientemente fallecido, introdujo el concepto de inversión en capital humano en un sentido amplio, incluyendo en éste educación, entrenamiento en el trabajo o capacitación y otros factores como mejor salud y más cultura. Su aporte fue evaluar dicha inversión por su tasa de retorno “observable”, es decir por medio del diferencial de sueldo o premio que reditúa un mayor capital humano.
Becker señala que el retorno en educación se ha incrementado sustancialmente en las economías desarrolladas. Ello como producto de la tecnología, el menor precio de los bienes de capital y una mayor demanda por servicios (es decir puestos de trabajo que demandan más conocimientos). Señala además que el incremento en capital humano trae como consecuencia un aumento en el salario del trabajo no calificado, ya que son complementarios. En resumen, invertir en capital humano es un buen proyecto porque beneficia al país elevando también el ingreso esperado de los sectores más desprotegidos.
Interesa indagar si la gratuidad de la educación superior estimula la acumulación de capital humano y si ésta altera los costos de dicha inversión. Combinando ambos factores, la referida gratuidad resultará beneficiosa para el país siempre que se reúnan dos condiciones: (1) que la educación superior tenga un retorno mínimo, es decir que sea de calidad suficiente como para generar un diferencial de sueldo de mercado que compense los costos incurridos, y además (2) que los profesionales beneficiados permanezcan trabajando en el país o en el extranjero para una empresa que declare impuestos en el país que financió los estudios.
La amenaza latente de incrementar los impuestos es el menor crecimiento potencial que puede traer aparejado, y por tanto un mercado laboral menos dinámico en unos años más. ¿Valdría la pena la gratuidad? Sugerimos observar la masiva emigración de profesionales jóvenes desde España y Argentina en los últimos años, ambos donde la educación es gratuita. Es muy frecuente encontrarse con taxistas con un título profesional en Buenos Aires o en Madrid. La tasa de desempleo entre los jóvenes en España supera el 50%. En último término estos países no han podido obtener un retorno sobre esta inversión pública por una presión fiscal insostenible. Chile, por contraste, se ha visto beneficiado con la llegada de miles de profesionales procedentes de estos países gracias a un mercado laboral que hasta 2013 fue dinámico.
El propósito de la gratuidad en educación superior es que se incremente sustancialmente el número de profesionales para que valga la pena el esfuerzo. En caso contrario moros y cristianos no dudarían en calificarla de fracaso. La Concertación supo sacarle un prodigioso millaje político al tema de los derechos humanos, pero éste se agotó. Luego de perder una elección, ahora la Nueva Mayoría dio con un lustroso caballo que electoralmente arrasó y que les permitiría gobernar por muchos años. Al menos así pareciera pensar el Ministro de Educación y numerosos políticos de oposición, que inician sus críticas cuidando antes de señalar que mejorar la educación es loable. Pero como dijo Friedman, “no hay almuerzo gratis”.
Con objeto de acomodar una oferta creciente de profesionales, se requiere que el mercado del trabajo crezca en tamaño, en profundidad y diversidad. No basta salvaguardar la tasa de inversión de la industria instalada. Se requiere además promover vigorosamente la innovación, la creación de empresas y la internacionalización de las empresas chilenas. Los proyectos de reforma tributaria y reformas laborales del Gobierno de Bachelet apuntan hacia la igualdad por medio de la redistribución y las garantías laborales. Más rigidez en los mercados y menos innovación.
Becker explica por qué las personas con más habilidades y las que proceden de familias de mayores ingresos son las que invierten más en capital humano. En Chile las personas más hábiles, independientemente de su nivel socio-económico, hoy cuentan con becas o acceso a financiamiento en condiciones preferenciales, además de requerir menos tiempo para completar sus estudios. Es decir, para estos efectos ambos grupos son asimilables. Podemos esperar que la gratuidad en las personas de altos ingresos y en las más hábiles incrementarán los estudios de posgrado (en Chile y en el extranjero). Es decir, financiados en parte con tributos, seguirán manteniendo una brecha significativa de ingresos con respecto al resto de la población. En España los jóvenes que no sufren desempleo o subempleo hablan tres o cuatro idiomas y tienen un posgrado. ¿Se promueve en algo la igualdad? ¿No es la híper-capacitación señal de un desequilibrio?
Las habilidades son en parte genéticas pero también son producto de la educación previa, del ambiente familiar, de la educación de los padres y de su nivel socio-económico (por su mejor acceso a una buena alimentación, salud y cultura). De modo que la gratuidad en educación superior, sin una formación pre-escolar y escolar de calidad, sin programas adecuados de alimentación y salud, sin una adecuada protección a la familia (incluyendo seguridad), profundizará la desigualdad. Los jóvenes más favorecidos por naturaleza o fortuna correrán ahora con la ventaja adicional de no tener que costear gran parte de sus estudios.
Uno de los peligros menos visibles de la gratuidad es un potencial deterioro en la calidad de la educación superior. Cualquier sistema de gratuidad que establezca un pago del Estado por alumno matriculado supone un incentivo perverso, ya que para acomodar la demanda adicional se podrían rebajar los requisitos de ingreso y el nivel académico de las universidades menos prestigiosas y especialmente de las estatales, que se verán fuertemente presionadas para acomodar la mayor demanda. La misma gratuidad puede llevar a una evaluación más laxa de la institución educacional por parte de los interesados y sus familias, ello sin mencionar la asimetría de información en este mercado. Si el título obtenido no obtiene el retorno esperado se estará incubando una bomba de tiempo que detonará en menos de una década. Recién ahí, electoralmente hablando, este caballo dejará de ser favorito.
Supongamos que la reforma evitase los riesgos antes señalados. La gratuidad, en todos los niveles, podría liberar fondos para una mejor alimentación, más posgrados, una mayor capacitación, salud y cultura (todas formas de inversión en capital humano) de los alumnos universitarios. Pero la gratuidad también incentiva, para obtener el mismo grado académico, que los tiempos de estudio se prolonguen y que las tasas de deserción se incrementen. Ello porque el costo privado del proyecto es menor, lo que incrementará en forma sustancial los costos reales del sistema (disminuyendo su retorno). ¿Será suficiente con esta reforma tributaria para financiar este proyecto? Bastaría utilizar las tasas de deserción y los tiempos que toman en completar sus estudios los alumnos de la Universidad de Buenos Aires y remplazarlas por las observadas hoy en Chile.
Si se establecen aranceles únicos por alumno y por carrera universitaria, se estará sembrando un perenne conflicto entre el profesorado como estamento y el gobierno de turno, porque éste pasará a ser su empleador último. Las huelgas de choferes del Transantiago, sistema público de transporte operado por empresas privadas y con tarifa fijada por el Estado, puede servir como analogía.
Becker señala que el proyecto de inversión en capital humano está sujeto a alta incertidumbre en un mundo cambiante. Por ello las universidades desarrollan nuevos programas en estrecha colaboración con la empresa e interpretando las tendencias del mercado. Pero en un sistema gratuito la necesaria autonomía de las instituciones universitarias podría estar amenazada, ya que el Estado ―en lugar de monitorear el retorno de su inversión― podría certificar la calidad tutelando los programas de estudio, introduciendo así una mayor rigidez en las mallas curriculares.
Probablemente las mejores universidades no cederán su autonomía porque no necesitan la gratuidad para subsistir. En consecuencia Chile podría terminar con un sistema segregado de educación superior, replicando así el abismo de calidad existente entre la educación escolar privada y la pública, y presionando a las instituciones públicas para rebajar sus estándares con el fin de acomodar una mayor cantidad de alumnos.
Jóvenes profesionales desempleados o subempleados (realizando labores de baja capacitación) y estudiantes que van a “calentar el asiento” o desertan sin graduarse pueden resumir los riesgos de la gratuidad. Para medir estos aspectos bastaría con aplicarla en forma gradual y comparar los indicadores mencionados entre (1) beneficiados titulados versus no beneficiados o no titulados y dentro del mismo quintil de origen; y (2) beneficiados versus profesionales de otros quintiles para una misma carrera.
¿Estará dispuesto el Gobierno a proponer gradualidad en la implementación y medir sus efectos en, digamos, cinco años más? ¿Estaría el electorado dispuesto a revertir un error? ¿Tendrá la suficiente fuerza el Ministro para poner algunos límites que acoten el costo del proyecto? La experiencia comparada muestra que se requieren crisis muy profundas y prolongadas para eliminar un derecho adquirido. Es entonces de sentido común otorgarlos con prudencia.
Esperemos que el proyecto de ley contemple algunas salvaguardas. Entre éstas, gradualidad, tiempos máximos de estudio, puntajes mínimos de ingreso y acreditación de la calidad sujeta también a retornos y no solo a mallas curriculares. Por último, manteniendo la libertad de precios y el sistema de financiamiento aprobado durante el gobierno anterior, la posibilidad de hacer copagos con el fin de acceder a la universidad de preferencia.
Referencias: Obras de Gary S. Becker publicadas por The University of Chicago Press Journals:
- Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis (artículo seminal de 1962)
- Education and Consumption: The Effects of Education in the Household compared to the Marketplace (Journal of Human Capital, Vol. 1 No. 1, 2007)
Cecilia Fernandez Taladriz & Daniel Birrell R. 